Está demostrado que en Guatemala unas personas nacen “más desnudas que otras”.
Diversos estudios evidencian que las mayorías en Guatemala son quienes nacen con alta tendencia a vivir en un círculo vicioso de pobreza por no contar con acceso a oportunidades ni a igualdad de condiciones para competir que les permitan su movilidad social y desarrollo económico personal. La humanidad ha evolucionado y aprendido que sostener elites a través del pago de impuestos no es el objetivo en un régimen democrático y bajo los criterios de una economía mixta basada en los mercados. Los impuestos tienen diversas funciones, más que darle de comer a los funcionarios públicos. Son los impuestos los que permiten que bajo un esquema de inversión pública se permita el acceso a oportunidades a quienes por motivos del destino nacen, dentro del mismo país, en un contexto donde la pobreza y la exclusión son la norma. Bajo esos parámetros de inequidad, competir se convierte en un lastre para algunos y en poco esfuerzo para otros.
En Países con altos índices de Desarrollo Humano per capita los impuestos progresivos son herramientas que mejoran las condiciones de vida y en materia de equidad pero también es importante el otro lado de la ecuación: que los gobiernos garanticen el acceso a oportunidades para alcanzar lo que se denomina el autogobierno individual, menos asistencialismo y por consiguiente mas soberanía personal sostenible. En Guatemala aun tenemos esa tarea pendiente. Las inversiones públicas deben encaminarse hacia la reducción de desigualdades estructurales en el largo plazo y no favorecer más concentración de recursos o expulsión de las mayorías de la ecuación productiva, incentivando el surgimiento de actividades económicas ilegales, moralmente indeseadas o de subsistencia, es decir insostenibles en el tiempo o social y ambientalmente autodestructivas. Según noticias de prensa, el nuevo gabinete económico representa los intereses del sector privado empresarial y exportador. No hay mayor disenso en cuanto a que la agenda de competitividad y productividad debe ser retomada después de haber sido olvidada por el gobierno saliente; más productividad per capita traducida en un crecimiento económico de calidad, es decir, sostenido en el tiempo y para todos/as los guatemaltecos, debe ser el objetivo en materia económica. Sin embargo es necesario recordar en el debate público que para mejorar las condiciones de vida de todos/as en un marco de asimetrías sociales y pobreza absoluta de las mayorías, la competitividad y el crecimiento económico no son suficientes. El crecimiento económico debe traducirse en bienestar humano, cultural, ambiental y social. ¿Es esa la agenda del nuevo gobierno en materia de desarrollo económico y social? ¿Cuáles son los indicadores de éxito de su gestión más que el crecimiento del PIB per capita que no dice mucho en materia de desarrollo humano o de equidad en quien recibe su cuota de la producción adicional bruta? La rendición de cuentas del recién estrenado gobierno debe medirse en cuanto las mejoras de la calidad de vida de las mayorías, en mejoras de acceso a oportunidades y en un cambio estructural en la forma que se ha producido y concentrado la riqueza en Guatemala. Pasar de una ecuación en la que pocos la concentran a una en que todos/as tengan acceso a crearla con practicas legal y moralmente aceptables rompería un ciclo que ha mantenido a Guatemala sumida en el subdesarrollo. Ahora que esta en la mesa la discusión tributaria, es imprescindible que se consideren los costos sociales versus los beneficios privados de la concentración de la riqueza y del acceso a la libre elección de un proyecto de vida en cada individuo independientemente de su lugar de nacimiento, genero o al grupo étnico al que pertenezca. Mientras la riqueza se concentre en pocos, y las oportunidades para acceder a un proyecto de vida personal se vean minadas y secuestradas por una elite, el subdesarrollo seguirá siendo de todos quienes comparten el mismo pasaporte o nacionalidad.
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