Contra la Impunidad
(Esta columna fue publicada en Prensa Libre, el 12 de septiembre de 2014. Hoy ha sido removida de la sección electrónica con el argumento de su cambio de imagen en la web. La publico en mi blog en consecuencia)
La importancia de la
CICIG y del del Ministerio Publico para fortalecer el estado de Derecho en
Guatemala
La Comisión Internacional Contra la Impunidad
en Guatemala, CICIG, tiene tres objetivos:
1. Investigar la existencia de cuerpos ilegales de seguridad y aparatos
clandestinos de seguridad que cometen delitos que afectan a los derechos
humanos fundamentales de los ciudadanos de Guatemala, e identificar las
estructuras de estos grupos ilegales (incluyendo sus vínculos con funcionarios
del Estado), actividades, modalidades de operación y fuentes de financiación.
2. Colaborar con el Estado en la desarticulación de los aparatos
clandestinos de seguridad y cuerpos ilegales de seguridad y promover la
investigación, persecución penal y sanción de los delitos cometidos por sus
integrantes;
3. La CICIG hará recomendaciones al Estado de Guatemala para la adopción
de políticas públicas destinadas a erradicar los aparatos clandestinos y
cuerpos ilegales de seguridad y prevenir su reaparición, incluyendo las
reformas jurídicas e institucionales necesarias para este fin.
El destape del caso Lima es plausible y brinda señales sobre su
importante tarea en el País, la cual, por lo visto, solo está comenzando.
Curioso es que existan personas que sistemáticamente se oponen al
mandato de la CICIG en Guatemala, desprestigiándola y haciendo abiertas
opiniones negativas sobre la misma, sobre todo, cuando esas voces son las
mismas que claman por un “estado de derecho y el imperio de la ley”.
Contradictorio pero que le pone a pensar a uno… ¿Sera que tienen sus “pecados”
escondidos por lo que temen de su presencia en el país?
El haber destapado una red que es sin dudas apenas la punta del iceberg
de un sistema podrido en la corrupción e impunidad, muestra la necesidad de
extender su mandato en Guatemala, por un lado. Sin embargo, no es suficiente ni
deseable depender de una entidad apoyada internacionalmente (y por ello
vulnerable), para sanear la
institucionalidad y desterrar la impunidad del país.
Son funciones del Ministerio Publico, por su parte:
Investigar los delitos de acción pública y promover la
persecución penal ante los tribunales, según las facultades que le confieren la
Constitución, las leyes de la República, y los Tratados y Convenios
Internacionales. Ejercer la acción civil en los casos
previstos por la ley y asesorar a quien pretenda querellarse por delitos de
acción privada, de conformidad con lo que establece el Código Procesal Penal. Dirigir a la policía y demás cuerpos de seguridad del
Estado en la investigación de hechos delictivos. Preservar
el Estado de derecho y el respeto a los derechos humanos, efectuando las
diligencias necesarias ante los tribunales de justicia.
Por lo anterior, además de aprender de la CICIG el Ministerio Publico
debe también sanearse y fortalecerse, por lo que es también tarea de la ciudadanía
apoyar a dicha entidad desde las distintas tribunas democráticas en el país. En
esta oportunidad, lo hacemos desde la voz pública, a la cual me sumo en estos
momentos coyunturales de vital importancia para Guatemala. Es imprescindible el
apoyo de la ciudadanía a los procesos de saneo de la justicia aunque pongan al
descubierto verdades inconvenientes a poderes enquistados en el país,
incluyendo a lobos que visten piel de oveja.
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